El texto aborda la preocupación de las organizaciones feministas por una Instrucción reciente del Ministerio de Justicia. Esta instrucción modifica la ley del Registro Civil, permitiendo el registro de nasciturus fallecidos después de seis meses de gestación como «nacidos sin vida». Las organizaciones ven esto como un retroceso en el derecho al aborto y una concesión a posturas antiderechos. Preocupan las implicaciones para los derechos reproductivos de las mujeres y la alineación con posturas de extrema derecha.